Imputados cuatro universitarios que robaban exámenes para venderlos
Que, da miedo como está el asunto de poner los datos en la nube. Pues sí, que lo da. Lo cierto es que no hay nada seguro. Disponer de datos delicados (cualquiera que sea su menester). Es un riesgo que hay que asumir.
El caso, que no es nuevo. Llega con fines, lucrativos de otra manera.

Dos profesoras de la asignatura
de contabilidad de gestión, quizás la más dura de la carrera de Empresariales,
ya sospecharon en junio de 2014 cuando se encontraron con que un amplio número
de estudiantes había obtenido una nota cercana a la excelente. Entre ellos,
había muchos alumnos que durante el curso habían dado muestras de un dominio
muy pobre de la asignatura.
A raíz de las sospechas, la
Olavide abrió una investigación interna en la que varios alumnos confesaron la
existencia de una red dedicada al robo de los exámenes mediante TACC a las
claves y contraseñas de los profesores. Se constató que la actividad ilegal,
que en principio parecía ceñirse a Empresariales, estaba extendida por la
Universidad y afectaba varias carreras. Lo que al principio fue una actividad
de unos cuantos implicados se había ido ampliando y las transacciones e
intercambios de exámenes eran un práctica habitual.
Los profesores que presentaron la
primera denuncia en 2014, volvieron a constatar que lo mismo sucedía en la
convocatoria de junio de este año, aunque tomaron precauciones como elaborar
los exámenes en ordenadores sin conexión a Internet. Y que se pasaron en memoria
USB y copia en papel.
Fue inútil. Las dos comprobaron cómo
nada más repartir el enunciado del examen "muchos alumnos comenzaron a
resolver el Ejercicio de inmediato", prácticamente sin tiempo de leer y
comprender el enunciado.
Tras corregirlos, 21 alumnos
"tenían errores exactamente iguales" y 33 más habían desarrollado
procedimientos "casi calcados" que no se habían explicado en la
asignatura.

La investigación se salda, de
momento, con cuatro imputados. Aunque se sospecha de un mínimo de siete estudiantes
implicados en la red. Álvaro Martín, magistrado de refuerzo del juzgado nº6 de
Sevilla, el mismo que investiga ERE fraudulentos. Reclamó a la compañía Google
que facilite las direcciones IP desde las que los estudiantes se introdujeron a
los correos electrónicos de los profesores.
Lo que ha sucedido en la Pablo de
Olavide tiene precedentes en universidades de los Estados Unidos como Miami,
Purdue (Indiana), Temple (Pennsylvania) y en la Carleton University de Canadá, aunque
en estos casos se trataba de acceder a la intranet de los profesores para cambiar
las notas de los alumnos.
Reproducción integra del texto publicado en el periódico de Catalunya.